La Asamblea de Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de la Magistratura emitió un documento en el que manifiesta su rechazo al intento de modificar la integración de ese cuerpo, aumentando la participación del Poder Ejecutivo. Como integrantes de la Asamblea, desde la Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos (AEPUER) acompañamos y difundimos el posicionamiento.
LA SOCIEDAD CIVIL RECHAZA EL INTENTO DE MODIFICAR LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE ENTRE RIOS
La Asamblea de Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Consejo de la Magistratura rechaza el disparatado intento de aumentar la participación del Poder Ejecutivo en el Consejo, siendo precisamente un órgano asesor permanente que colabora decididamente en mejorar la calidad e independencia de la justicia entrerriana.
Desde su creación en 2004, pasando por su convalidación constitucional en el 2008 y la promulgación de la Ley 1236 en el 2010, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos se ha granjeado el reconocimiento tanto a nivel de nuestra provincia como de otras provincias que lo ven como un ejemplo de integración y funcionamiento.
Y es precisamente su integración, equilibrada y diversificada, la que más elogios despierta en otras provincias.
Además, no ha generado ningún tipo de conflicto en el ámbito entrerriano.
Ningún conflicto institucional ni político. Ni siquiera rumores acerca de falta de ecuanimidad o favoritismo en la conformación de las ternas que se elevan al señor Gobernador.
Recordemos además que los Consejeros son ad honorem.
No cobran por su labor y hoy, un importante número de magistrados, en toda la provincia, se sienten seguros para hacer su trabajo con libertad y responsabilidad porque ganaron un concurso y no le deben favores a nadie.
Estamos convencidos que la legitimidad de origen del Consejo, fruto de la indignación y la movilización activa de amplios sectores de la sociedad en 2003, es uno de los motivos de su solidez actual, que insólitamente, se pretende modificar.
Las únicas críticas que se han escuchado se refieren a algunos retrasos operativos.
Y ahí sí el Poder Ejecutivo tendría que tener más participación, dotando de los recursos humanos y materiales necesarios para acelerar los concursos.
Hacemos pública nuestra posición por lo preocupante de este intento.
Y estamos siempre dispuestos a dialogar y a profundizar en la fundamentación de nuestra clarísima posición.
Parece que es hora de volver a defendernos como sociedad de los intentos de manipular arbitrariamente la justicia.
Firman el documento:
Verónica Acuña y Alfredo Bell, Consejeros titulares;
Patricia Popelka y Jorge Torres, Consejeros suplentes,
Tristán Uranga, Ricardo Sánchez, Hernán Fumaneri y Silvina Calveyra. Exconsejeros